EN LOS ÚLTIMOS treinta años se ha multiplicado por
cuatro la cantidad de turistas que recibe Tenerife y que -como sabemos- se
concentran, fundamentalmente, en el sur de la isla y, en menor medida, en el
Puerto de la Cruz. De
la misma manera, se han multiplicado el número de camas turísticas, desbordando
las previsiones más optimistas. Baste el ejemplo de los últimos años.
En el
período comprendido entre el inicio de la moratoria turística, (enero de 2001),
sancionada a posteriori con
Con ese volumen de construcción en unas islas tan pequeñas y
fragmentadas es fácil imaginar que ha hecho falta una enorme cantidad de
materiales constructivos, fundamentalmente áridos. Y ¿de dónde han salido estos
áridos en Tenerife? Fundamentalmente, del municipio de Güímar y, en menor
medida, de los de Arafo y Candelaria, puesto que las mayores cuencas
sedimentarias insulares se localizan en el Valle de Güímar, en especial en el
Barranco de Badajoz, que concentra la mayor cantidad de puntos de extracción.
Esta actividad desarrollada durante más de cuatro décadas, de forma intensiva,
ha generado un acusado impacto ambiental y paisajístico. Un "paisaje
lunar" de grandes cráteres y gigantescos taludes, que se explica por
varios motivos: desde la apatía e indiferencia de las diferentes
administraciones ante unas explotaciones ilegales e incumplidoras reiteradas de
la legislación preceptiva, hasta un desentendimiento total de las empresas
promotoras una vez que los terrenos dejaban de ser rentables. Es recomendable
asomarse desde el Mirador de Don Martín, en la carretera general del Sur, para
comprobar en primera persona, casi como si de una fotografía aérea se tratase,
el espectacular impacto para el paisaje que supone esta actividad minera
realizada sin control de ningún tipo a lo largo de generaciones.
En los últimos años, la actitud del Ayuntamiento de Güímar
experimentó un giro de 180 grados, alentado por un evidente clamor popular más
allá de cualquier connotación partidista, lo que llevó a pasar de la
complicidad con los extractores a instar que se cumpliera la legislación
vigente, lo que llevaría aparejado el cierre inmediato de las citadas empresas.
Desde la parte contraria, extractores y constructores, se aludía al
"carácter estratégico" de los áridos -en la isla- para justificar la
flagrante ilegalidad. En otras palabras, que "el mal menor", la
destrucción del paisaje de las medianías del Valle, los daños a la agricultura
y las molestias a la población local, se justificaban ante el posible "mal
mayor", la paralización de la economía tinerfeña, sustentada en el turismo
y la construcción. Se trata de una táctica habitual en muchos escenarios
sociales y económicos, amenazar con el caos y el apocalipsis bíblico para no
tocar nada que dañe determinados intereses, consolidados no por las leyes sino
por el tiempo.
El mismo tiempo que acaba poniendo a cada uno en su sitio.
La anterior corporación municipal, presidida por la popular Vicenta Díaz, cerró
cuatro de las cinco canteras, y no ha pasado nada. No era cierto que la
economía de la Isla
dependía de los áridos de Güímar. No era cierto que la construcción se
paralizaba sin los áridos de Güímar.
Un elemento curioso de esta historia es que los extractores
esgrimen un "papel" para defender la "presunta" legalidad
de su actividad: se trata del "permiso minero" que otorga la Consejería de Industria
y que -según ellos- les habilita para realizar su trabajo. Sin embargo, esto no
es cierto y así lo han determinado los tribunales de justicia sin discusión
posible. Dicho permiso es uno más, dentro de un conjunto de autorizaciones y licencias
que -igualmente- deben ser obtenidas para iniciar la explotación, y de las
cuales carecen. Si no se cuenta con la totalidad de los permisos necesarios,
tal actividad extractiva no debe iniciarse. Justo lo contrario de lo que ha
ocurrido, puesto que todas carecen de las licencias municipales pertinentes. En
otras palabras, el permiso de Industria en solitario equivale a "papel
mojado".
Ahora, la nueva Corporación, presidida por el socialista
Rafael Yanes, pide a las administraciones competentes que se elabore y se
aplique de manera urgente un Plan de Restauración del Paisaje y de Canalización
de los Barrancos, y que "lo financien los mismos empresarios que se han
lucrado durante todos estos años, extrayendo áridos sin medida y sin atenuar
los impactos". Sólo beneficios, sin coste medioambiental alguno, la vieja
táctica de la "tierra quemada". En resumen, el Ayuntamiento pretende
que se aplique el ya famoso principio "el que contamina paga", tan
conocido como poco desarrollado en estas latitudes atlánticas. Mientras, los
empresarios del sector están más por "coge el dinero y corre", tal y
como han funcionado en los últimos cuarenta años.
Mi opinión personal es que es más probable que esa
restauración del paisaje -si algún día se produce- se sufragará con dinero
público, proveniente del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de Madrid o de
Bruselas. Es mucho más realista plantearlo así que esperar que el sector de los
extractores de áridos cumpla con sus obligaciones legales y morales, pasadas y
presentes.
En todo caso, a pesar de que suelo ser extremadamente
crítico con el comportamiento ambiental de la gran mayoría de ayuntamientos
tinerfeños y canarios -y sin que sirva de precedente- me parece que Güímar
constituye un ejemplo perfecto y digno de reconocer públicamente, de unión de
todos los partidos políticos a favor de un objetivo ambiental de primer orden,
de protección y conservación del paisaje. Un ejemplo que, por cierto, no se ha
extendido a los municipios colindantes, Candelaria y Arafo, donde -curiosamente-
las empresas extractoras continúan trabajando a destajo en la misma situación
de ilegalidad.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 20 de enero 2008
