ESTOS DÍAS hemos tenido conocimiento de un documento de
la Dirección General de Costas, en el que se plantea aplicar la ley hecha para
un continente a los territorios insulares. Dicha legislación ignora las reglas
de convivencia en un territorio limitado, accidentado y escaso, como este
archipiélago atlántico.
La rigidez en la utilización indiscriminada de la cinta
métrica en lugares como el Roque de las Bodegas, Almáciga, Cho Vito o Benijo
para contar 100 metros tierra adentro, como si estuviéramos en Alicante, Cádiz
o Bilbao. Esta actitud indica una vez más la ignorancia y desconsideración que
-cíclicamente- ejerce Madrid sobre los territorios de la ultraperiferia. Hace
400 ó 500 años, los agricultores, pastores o pescadores levantaron sus
viviendas en la ladera norte de Anaga. Su única preocupación consistía en los
lugares que las rocas de las laderas y las olas del mar les permitieran
sobrevivir, y es en este marco, en el que tenemos numerosos ejemplos de núcleos
construidos a lo largo de toda la línea costera, en especial en lugares
inhóspitos para la agricultura, muchos de ellos sobre coladas de lava
recientes: Costa Brava, Playa San Juan, Alcalá, Las Aguas, en San Juan de la
Rambla, y un largo etcétera.
No podemos reivindicar otra cosa que la defensa de nuestras
costas debe ser una prioridad de todas las administraciones, en especial con el
reciente y desmesurado avance de la urbanización, el incremento de vertidos,
afecciones a la flora y la fauna, etc. Sin embargo, no podemos permitir que
este rigor se materialice desde Madrid sobre núcleos de población consolidados
y de clase trabajadora. Nos sorprende negativamente la alegría que manifiesta
Costas al aludir a la nulidad del PRUG de Anaga. Un documento que llevó años de
trabajo y esfuerzo de técnicos, vecinos y colectivos y que requirió un amplio
consenso y cesiones por todas las partes para lograr su aprobación. Este plan
proporcionó un marco legal que permitía a los vecinos del Parque Rural mejorar
sus viviendas, dignificarlas, garantizando una calidad de vida a la vez que asegurando
el respeto a la naturaleza y el valioso paisaje de Anaga. Estos vecinos y no la
administración son los principales responsables de que Anaga se haya conservado
como un tesoro de nuestro patrimonio natural hasta la actualidad.
Parece curioso que las principales preocupaciones de Costas
pasen por caseríos pobres, que apenas han crecido en las últimas décadas,
mientras que urbanizaciones suntuosas y chalets de lujo, en los que se puede
pescar desde la ventana del dormitorio, salen indemnes. ¿Por qué esta
persecución hacia los más desprotegidos? Asimismo, no deja de sorprender que en
el Levante español, en Benidorm, Torrevieja o Torremolinos, por citar sólo tres
casos, el deslinde de Costas ni se inmute ante gigantescos rascacielos en
primera línea de playa, con todo un continente a su espalda.
Ante esta situación que juzgamos injusta, sería necesario
que la Ley de Costas tuviera una cierta flexibilidad a la hora de analizar
casos singulares como los que tenemos en diferentes enclaves de nuestra
geografía insular. Sólo pedimos que se tengan en cuenta nuestras peculiaridades
geográficas y culturales para permitir a los ciudadanos la convivencia con un
territorio único que nada tiene que ver con la Ancha Castilla. En este estado
de cosas, que quita el sueño a muchas familias de recursos escasos, es donde
decimos con voz clara y firme que los vecinos que desarrollan su vida a la
sombra de los roques de Chinobre, Anambro y Las Ánimas, se merecen el apoyo y
el aliento de la administración, no el acoso. Las leyes están pensadas para
proteger a los ciudadanos y su patrimonio natural, no a la inversa, como está
sucediendo en este caso. Convertir este asunto en un problema de jueces y
abogados es desviar la atención. La responsabilidad es política, tanto a nivel
de legislación como en la gestión del territorio. En definitiva, sólo apoyamos
la necesidad de una mayor justicia social de la Administración con los
pobladores de esos caseríos que, por mucho que se empeñe Costas, ya son
asentamientos históricos. En ese sentido, solo queda pedir una legislación más
racional y coherente con el territorio y la sociedad que pretende regular, no a
cualquier precio, esperamos.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 13 de Mayo 2007
