Esta semana se ha hecho popular un topónimo canario
localizado en 44 ocasiones en el Atlas de Canarias dirigido por don Leoncio
Afonso. Nos referimos al tratamiento de Cho, un topónimo que en las islas de
Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y la Palma indica familiaridad,
cariño, respeto. Cho equivale a tío, don o señor.
En el caso de Cho Vito, sería tío Víctor en la geografía y
en la historia. Los vecinos de la costa de Igueste, lugar emblemático en el
poblamiento aborigen de Tenerife, ponen de manifiesto la rica toponimia de la
zona: Chafa, Chirigel, Chacorche, Igonce, Araca y Arepo, entre otras.
Objetivamente, el uso de la Ley de Costas es algo más que aplicar la cinta
métrica. Cuando se trata de personas, sentimientos, arraigo pero también
dignidad, y como no, referencia con el entorno, la vara de medir para unos y
para otros no suele ser la misma.
Las leyes son para todos. En el presente caso aparece un
colectivo sencillo que han levantado sus casas en un territorio marginal de la
costa, como han hecho tantos en diferentes lugares de el litoral canario a los
que se le aplica una ley con carácter retroactivo; ley de 1988, sin
justificación alguna, ya que lo construido hasta entonces habría que
respetarlo, máxime cuando los vecinos lo habían aceptado en su entorno.
Aquellas familias menos afortunadas habían construido
pueblos sobre territorios marginales, malpaíses, suelo de difícil
aprovechamiento para cultivo, de mucha maresía y habitualmente castigados por
el viento. Tenemos numerosos ejemplos de los cimientos de las casas mordidas
por las olas: Alcalá, Playa de San Juan, Caleta de Interian, Punta Brava y
tantos otros con un denominador común y social de sus moradores.
Últimamente la costa es invadida con instalaciones de tipo
turístico residencial, donde en algunos casos se han permitido el lujo de
privatizar los accesos al mar y donde la cinta métrica de costas no se ha
utilizado como en el caso de Cho Vito. En este caso, no parece razonable que
este sea el ejemplo más flagrante de las costas españolas, como incluso nos
presentó el telediario de Madrid como acontecimiento de interés estatal.
Los señores de Costas y el Ayuntamiento de Candelaria han
actuado de manera totalmente desproporcionada ante el caso de Cho Vito. No es
del todo entendible en la situación económica y social que vivimos, que la
noticia de la semana sea el desalojo de unos vecinos de sus casas con
retroexcavadoras y un dispositivo policial considerable, propio de otros
tiempos, donde se han utilizado unas formas pocos aceptables en democracia,
cuando estas personas siempre se han mostrado dialogantes y pacíficas y cuando
este caso en concreto no era ni es el problema más grave que tiene el Estado en
sus costas.
Todos somos testigos de las torres gigantes que invaden el
litoral español y la privatización de espacios públicos de acceso al mar que
indudablemente, debemos todos de respetar. El derribo de este poblado y de
otros que están en lista de espera dentro de la geografía canaria, solo hiere
los sentimientos de las familias de todos los Cho Vitos que tenemos en Canarias
y que a buen seguro, han adoptado una actitud numantina en las costas de los
barrancos guanches de Chacorche, Araca, Igueste y los Barrancos de Los Juncos y
El Madroño.
No sé que extraña desgracia le ha caído a Tenerife con los
responsables de Costas, ya que parece que nuestra Isla es la única en la que
hay que derribar las construcciones que no cumplen la ley. Sin embargo, a lo
largo de la costa gallega, vasca, catalana, levantina y andaluza encontramos
cientos de ejemplos -entre ellos auténticos palacetes-, en idéntica situación a
la de Cho Vito, con la diferencia que en estos lugares no ha habido
intervención de Costas.
La ley deja de ser justa cuando no se aplica por igual. Por
supuesto que somos defensores del espacio público, pero en todo el territorio
nacional y para todos los ciudadanos por igual, independientemente de su poder
adquisitivo y utilizando la excavadora en el menor de los casos posibles.
Madrid y Costas deben de entender que hay otros métodos de
diálogo y de respeto a la administración autonómica y local y antes de hacer
uso de las cintan métrica, se debe de ofertar a las personas afectadas todas
las soluciones posibles.
El Presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, y la Ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, habían llegado a un acuerdo recientemente para que
no hubiese ninguna intervención de derribo en Tenerife sin antes ponerse de
acuerdo las cuatro administraciones, cosa que el gobierno estatal, a través de
Costas, ha incumplido en el caso de Cho Vito.
Hoy me siento vecino de Cho Vito y quiero dar un abrazo de
solidaridad a este gran pueblo por la dignidad y la valentía puesta en la lucha
de su noble causa y que ha estado huérfanos por su propio alcalde en todo este
proceso. Espero que la próxima aplicación de la Ley de Costas tenga en cuenta a los vecinos y
defienda de manera más justa el suelo público por igual, sin referencia a los
bolsillos de los afectados.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 12 de Octubre 2008
