HAGO ESTOS SURCOS de papel convencido de que estamos en
la necesidad de cambiar modos y modas para Canarias, y en particular, para los
que habitan y trabajan en el medio rural. En estos días, me han convertido, sin
pretenderlo, en una oficina para atender quejas de vecinos que se ven agredidos
por unas leyes hechas supuestamente para defender "el campo".
Posiblemente sin saberlo o quererlo, lo que propone dicho marco legal es un
campo sin campesinos, puesto que el marco de supuesta protección, cargado de
diferentes categorías, unido con una Administración con miles de personas que
supuestamente cuidan el campo con criterios propios de la cultura urbana,
apoyados en la fotografía aérea y el todoterreno, hace que toda actividad que
no se encuentre en un marco teórico de protección de flora y fauna, en la que
no incluyen a los campesinos, haya que aplicar multas cuantiosas y demolición,
modelo Cho Vito.
Veamos algunos ejemplos: una familia recoge material de la
jardinería de Arona y otros municipios del Sur, le incorporan purines de una
granja de vacas y gallinaza procedente de granjas de la Isla obteniendo compost, es
decir, abono para nuestra agricultura. Por otra parte, evita que viertan en los
barrancos un volumen importante de restos vegetales, que los traigan al
Complejo Ambiental de Arico. Sin embargo, a esta empresa familiar se le aplica
el artículo 38.3, letra b, de la
Ley 1/1999 del 29 de enero de Residuos de Canarias, -en
Resolución Nº 2536, con fecha 13 de agosto de 2008, multa de 30.000 euros y
60.000 euros por residuos tóxicos y peligrosos- cabe recordar que las aguas
menores son tóxicas. En ese sentido, hay que decir que estamos trabajando para
aprobar el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife y
hasta que se apruebe definitivamente no hay establecimiento autorizado para
tratar dichos residuos en la
Isla.
En otro estado de cosas, se han impuesto multas por
construir un cabezal de riego en una finca; multas y demolición por poner una
plancha de cemento a un cuarto de aperos construido hace más de 40 años; multas
de más de 30.000 euros por ampliar una vivienda de una familia de agricultores
que viven en una infravivienda en un asentamiento agrícola; multa y demolición
para construir estanques en las proximidades del espacio protegido del Barranco
de Herques (en Aguerche); demolición de la ampliación de un cuarto de aperos de
40 metros cuadrados en una finca que produce más de 10.000 kilos de uvas. Y
así, cientos de ejemplos repartidos por toda la geografía insular.
Querido lector, me he tomado la libertad de hacer referencia
de algunos casos de los muchos que me han expuesto porque asocian lo que
escribo y propongo para el medio rural y lo que en verdad está ocurriendo con
un marco legal alejado de los problemas de nuestra gente. Este conjunto de leyes,
reglamentos, órdenes y demás no ayudan a un mejor cuidado del medio ambiente
puesto que el campo sin campesinos puede significar el tener una hoguera cada
verano, sin olvidar que la presión poblacional que tiene este territorio nos
obliga a la expansión sobre suelo rústico, entre otras cosas, para actividades
agroganaderas, puesto que hemos de volver al campo, no sólo como fuente de
trabajo y para producir alimentos frescos, sino también como espacio vital. Si
el nuevo marco legal que está pendiente de aprobación no corrige la actual
situación, pienso que debo dejar de tener responsabilidades políticas, por no
ser coherente en lo que defendemos y lo que se hace en la gestión política de
esta tierra.
No podemos sacrificar lo que queda de campo por un marco
legal hecho desde los despachos cargados de burocracia que entiende que al
'mago' hay que controlarlo en la supuesta defensa de una naturaleza agredida
por los hombres del sacho. No olvidemos que tenemos la mejor masa forestal,
posiblemente de los últimos 500 años, árboles que nacieron y crecieron antes de
las leyes de protección de la naturaleza en Canarias. Todo lo que hoy tenemos
es la resultante del compromiso y del trabajo de los campesinos de esta tierra,
a lo largo del tiempo. Por ello, nos vemos obligados a la defensa del campo y
los campesinos, porque han sido los hombres y mujeres del campo los que nos han
dejado el patrimonio que hoy tenemos, y los mayores daños a la naturaleza se
han hecho desde la ciudad y no del medio rural.
Por supuesto que hay pícaros en el medio rural, pero por
ello no es preciso promulgar leyes a la defensiva que dan más protección a un
pájaro que a un agricultor. Claro que hemos de evitar las edificaciones tipo
Falcon Crest y el mal uso que se ha hecho muchas veces del suelo rústico, pero
ello no puede ser motivo para que se haga un marco legal que no permita hacer
un estanque, o llevar a cabo la limpieza de una huerta para ponerla en cultivo
y tratar al campesino como si fuese un delincuente. El mundo rural no lo podemos
poner en un congelador parando toda actividad propia de los tiempos y de las
demandas de la vida.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 26 de Octubre 2008
