ESTAS LÍNEAS pretenden hacer una lectura en voz alta de un
marco legal sobre el territorio que nos hemos dado aprobado en el Parlamento de
Canarias, en el que se han puesto de acuerdo gobierno y oposición. Marco legal
de difícil aplicación, dado que muchas leyes se dictaron sin tener en cuenta
las peculiaridades de nuestro territorio, por lo que su aplicación hace que se
discrimine a los hombres y mujeres que viven en el medio rural, ya que la
población urbana que demanda construir en el suelo rústico tiene más medios
para difundirse.
La autoconstrucción ha sido la única manera que han tenido
nuestros campesinos para poder dotarse de una vivienda, ubicándola normalmente
en una parcela cercana a los terrenos de cultivo. La construcción en suelo
urbano con proyecto ha sido minoritaria en nuestro medio rural, mientras que
esperar por un suelo urbanizable o por una vivienda social no ha sido
alternativa para dejar la infravivienda.
Esta situación histórica social se agudiza en los tiempos
que corren, en especial por el peso de las multas con cuantías millonarias y
por la necesidad que se produce en volver al medio rural; espacio convertido en
una jungla de leyes, en muchos casos antepuestas y en otros sin desarrollar, o
bien hechas desde un despacho alejado de la realidad y aplicadas con un marco
teórico aparentemente justo y correcto, pero cargado de complicaciones con
muchas injusticias, puesto que no hacen una discriminación positiva cuando
tocamos a los que viven del campo, dándose agravios comparativos cuando tocamos
en la puerta de los moradores del territorio.
Entremos en materia: no es razonable la maraña de marcos
legales de protección que tiene el territorio; marco legal de difícil
aplicación, ya que el presupuesto para su gestión no existe o es insignificante,
ya que gestionar un 50 por ciento de la
Isla como espacio protegido no es broma, máxime cuando dicho
espacio está constituido por fincas particulares -fincas que ni hemos comprado
ni expropiado-, situación que había favorecido la crisis del medio rural,
agricultura y ganadería en tiempos de marginación del agro.
Sin embargo, la situación actual nos obliga a la vuelta que
demanda una serie de transformaciones que, en muchos casos, la rigidez del
marco legal impide, sobre todo, mejoras en las viviendas, accesos rodados e
instalaciones complementarias a la agricultura como estanques, cuartos de
aperos, gañanías, bodegas, movimientos de tierra y red de riego. Así,
encontramos declaraciones románticas sobre el medio: suelos de vocación
forestal -sueño romántico de ampliación del bosque sobre suelos cultivados-, o
leyes de protección de la flora bascular, por la que está protegida una
tabaiba, un pino y no lo está una higuera, o un almendro, por ejemplo.
Como vemos, el marco legal que nos hemos dado tiene numerosas
dificultades para su aplicación en los tiempos que corren, y lo que es peor,
nos encontramos con la lentitud en la Administración en corregir y aplicar los tiempos
para conceder los plazos para realizar las obras. Mientras tanto, tenemos unos
equipos de vigilancia y gestión que tramitan un nivel de sanciones, que en la
mayor parte de los casos, rompen los bolsillos y la situación social de los
afectados, máxime en los tiempos que corren que algunos trataron de enmascarar,
pero que ahora todos reconocen como una crisis con mayúsculas.
Por otra parte, el nuevo marco legal que se pretende aprobar
por el Gobierno de Canarias debe dar alternativa al futuro. Mientras tanto,
debemos buscar una nueva moratoria para todo lo que sea legalizable en el nuevo
marco legal en una lectura menos rígida hacia las actividades en suelo rústico,
sobre todo priorizando viviendas y otras instalaciones relacionadas con el
agro, en el que el principal valor es que se cultive y que sus moradores sean
reconocidos con los mismos derechos y obligaciones que los urbanitas. Por ello,
leyes y protección ambiental sí, pero acorde con las personas. En este marco
las leyes han de proteger por igual los 500 kilómetros cuadrados de suelo
forestal que tiene la isla de Tenerife como los 300 ó 400 kilómetros cuadrados
que tienen posibilidades para el cultivo.
Tengamos un marco legal que facilite la actividad
agroganadera en el suelo cultivable y que sólo potencie recursos para
actividades agroforestales en las laderas y malpaíses con problemas erosivos y
desertización. En todo caso, hagamos una lectura sosegada de lo que ocurre en
el territorio, tendamos puentes para los que cultivan la tierra o aspiran a la
vuelta al medio rural. El actual sistema de sanciones, no sólo en muchos casos
se aleja de la justicia con multas de precios de la época de las vacas gordas
de miles de euros, demoliciones y un largo etcétera de difícil realización en
los tiempos que corren, sino que arruina o deja por el camino a numerosas
familias que necesitan el medio rural.
Claro que hemos de frenar los procesos urbanizadores en el
medio rural, alejando la construcción de residencias tipo Falcon Crest, en el
paisaje agrario, pero sólo en esos casos y no para los que hacen surcos en el
medio rural. Lo que pedimos no es una moratoria más para urbanizar suelo
rústico sino sólo para lo que cultivan o para los que se hallan en una
situación muy desfavorecida. Y las multas no pueden ser únicamente la relación
entre los metros construidos y los costes posibles de la obra sin una lectura
del entorno y de la situación social de las personas relacionadas con las
mismas. No puede ser delito vivir en la finca donde cultivas y tienes las
gallinas y el cochino, como tampoco lo pueden ser el construir un cuarto de
baño dentro de un cuarto de aperos en una finca cultivada.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 19 de Octubre 2008
