EN ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS hemos oído declaraciones de las más
variopintas relacionadas con los últimos incendios que hemos sufrido en
Canarias. Algunas de ellas acertadas y con cierta coherencia, pero otras, un
tanto atrevidas y carentes de rigor, donde queda de manifiesto que, en
situaciones catastróficas de este tipo, siempre aparecen iluminados que se
atreven a crear opinión de una materia que desconocen por completo y de la que
sólo se han informado a última hora en los medios de comunicación.
La mayoría cree que apagar el fuego pasa por tener más
equipos de bomberos, más helicópteros y más artilugios mecánicos. Pero los
hechos demuestran que los incendios se producen por dos circunstancias
determinadas. La primera, porque existe abundante materia de fácil combustión
con una larga y seca estación estival, al margen de que este material sea
beneficioso para el monte y el medioambiente. Y la segunda, porque tenemos
incendios originados por causas accidentales y provocadas, asunto este último
que no tiene una fácil solución.
Ante estas variables, parece razonable que el esfuerzo para
los próximos años por parte del Cabildo Insular debe de centrarse en la
prevención, ya que el nivel de eficacia de nuestro personal junto al
equipamiento que poseen, ha dado como resultado que prácticamente el 100 % de
los incendios se logre extinguir. Sin embargo ese mínimo porcentaje -inferior
al 0,1%- que no se logra sofocar y que, en la mayoría de los casos, se produce
en condiciones meteorológicas adversas, va a continuar en la misma situación de
riesgo que hasta ahora. Por ello, en un planteamiento de futuro, estoy
convencido de que hemos de mejorar la prevención, asignatura pendiente en los
momentos actuales porque el marco jurídico vigente tiene numerosas lagunas y
requiere adaptarlo a la realidad de esta sociedad.
El fenómeno de las tierras de cultivo y los cambios en los
hábitos alimenticios de nuestra población en el medio rural son situaciones
nuevas que debemos analizar y adaptar. Lo ocurrido en el pasado 30 de julio,
donde el fuego alcanzó en poco tiempo un frente de 30 kilómetros rodeando y
quemando los entornos de las viviendas de muchas familias, no solo se resuelve
con medios mecánicos. Es en ese marco en que la prevención debe de pasar por
campañas educativas-formativas para crear voluntarios en protección civil y una
cultura de prevención del entorno de los caseríos.
La administración, por su parte, debe actualizar el marco
legal que penalice las fincas agrícolas y forestales que carezcan de algún
tratamiento preventivo en los entornos y accesos de las mismas y crear una
nueva política agroalimentaria que fomente la plantación de frutales y otros
cultivos que antaño se daban en todos esos terrenos de medianías, cercanos al
perímetro forestal que hoy presentan una vista desoladora de abandono y que
mejorarían con una política decidida de apoyo a los cultivos de medianías y de
montaña. Otra solución, si no se diese la anterior, pasaría por plantar monte
verde en una franja que haga de cortafuegos en el límite del monte y en un
perímetro de 500 metros. En ese sentido, si se hubiese podido eliminar la masa
de combustible que tienen estos terrenos, como zarzas, tojos y espinos, se
hubiesen evitado el 48 % de un total de 74 incendios en Tenerife que se
originaron en tierras de cultivo abandonadas en la conflictiva zona de los
Campeches, en el municipio de los Realejos.
Otro aspecto no menos importante es la defensa de los
caseríos en zonas de monte, ya que en muchos casos es la masa forestal, en su
tendencia de crecimiento, la que ha llegado hasta las viviendas. Esto hace que
tengamos un serio peligro en estos núcleos de población al estar rodeados de
material combustible. Ejemplos como los de La Florida, Redondo, San Francisco
de las Montañetas, Las Abiertas, Cruz del Tronco, etc. son claros exponentes
del peligro que existe para todas esas personas que residen en los límites del
monte. En contadas ocasiones, estos caseríos estuvieron rodeados por el fuego
sin que pasase a daños mayores, pero la realidad es tozuda y se empeña en demostrarnos
que debemos poner todas las medidas correctoras para evitar estas situaciones
de riesgo en las personas. Hay que ir pensando en aras de proteger las
viviendas cercanas al límite boscoso, en sustituir pinos por monte verde y por
tierras cultivadas.
Otro asunto que necesita un tratamiento de interés también
son los caseríos de Teno, en especial Masca, con sus palmerales, o la zona del
Valle de Arriba y los Baldíos, en el sotavento de La Isla. Indudablemente,
debemos de incluir Vilaflor, Granadilla y Adeje, por ser municipios también con
núcleos residenciales cercanos al monte.
Estas líneas, sin querer ser receta de nada, sólo pretenden
llevar una reflexión desapasionada de lo que hemos vivido en los últimos 30
días en la Isla de Tenerife. Tema este que requiere de tomas de posiciones y
acciones legislativas emanadas desde un amplio debate público donde se pongan
sobre la mesa las soluciones para mejorar una normativa aplicable, que recoja
la actualidad medioambiental de Canarias y que sirva para que las futuras
generaciones reciban un patrimonio natural y medioambiental lo más conservado y
enriquecido posible.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 26 de Agosto 2007
