CON LAS LLUVIAS de los últimos días de octubre, la piel de
la mitad norte de la Isla
ha cambiado de color y el ocre está siendo sustituido por el verde. Sin
embargo, si nos paramos y leemos con detalle en nuestros montes, lo que había
sido un peligro de incendios en amplias zonas de la Isla , ahora queda mitigado
por el entorno húmedo que rodea amplias superficies cubiertas de plantas sin
apenas vida, tales como brezos, fayas, o aceviños totalmente secos, y en
consecuencia, son un foco de peligro para el próximo verano.
La lectura que hacemos en los cuidados del monte no reconoce
una serie de aspectos que tenían claro nuestros queridos campesinos, como el
corte de tronco de nuestro monte verde, que era una necesidad económica y
también ambiental, así como horquetas, varas, leña o monte para la cama de los
animales que la naturaleza regeneraba.
Al brotar o reventar de troncos el monte, sobre todo, en los
lugares de suelo más pobres o en las laderas de monte verde orientadas al oeste
o al sur -zonas de mayor insolación y menor humedad del alisio-, o bien en las
cresterías de las laderas, generalmente ocupadas por brezos, fayas o aceviños,
la menor humedad y los efectos del viento hacen que los brezos estén secos en
numerosos casos, puesto que la única manera de mantenerlos vivos es el corte de
tronco, ya que no hay humedad suficiente para mantener una planta cargada de
rama, sobre todo, ante un año seco como el presente. Por ello, la supervivencia
del monte pasa por los cortes de dichas plantas cada determinado número de
años.
Estos temas de mejora de la masa forestal para evitar
incendios o plagas no están previstos en las leyes de conservación, dado que se
ha planteado un modelo del monte como elemento ambiental y de contemplación,
arropado por una cultura urbana que propone que no se toque nada en la
naturaleza. Todo esto enmarcado en un contexto económico-social que no ha
previsto el coste económico que supone gestionar media Isla protegida, con
cultura de funcionarios, no asociando al campesino como un aliado en el cuidado
de la naturaleza; como jardinero de las tierras que cultiva y posible
colaborador en la gestión de los espacios que declaramos protegidos.
En este sentido necesitamos una participación viva entre
campesinos y autoridades locales como administración más próxima al monte. A su
vez, son los titulares de la mayor parte de los mismos, por lo que deben velar
para que la actividad agro ganadera se consolide y logremos que los paisanos
sean aliados en las labores de limpieza y conservación del monte, sobre todo en
las zonas de confluencia entre tierras de cultivo y áreas forestales. También
hay que propiciar puntos de encuentro y de confluencia más fluidos entre los
gestores del monte y campesinos, situación en la que creo que hemos mejorado,
sobre todo, en aspectos como las quemas controladas, mejores relaciones entre
agricultores, agentes y técnicos de medio ambiente.
Sin embargo, aún tenemos un déficit de confianza mutua, en
la que necesitamos mejorar las relaciones, con una mejor comunicación y recuperando
niveles de entendimiento donde el interés público prime sobre cualquier otro
planteamiento. Quisiera dejar claro que los que trabajamos en la gestión del
medio ambiente en la Isla
no estamos en conflicto con los que cultivan la tierra. Solamente creo que
hemos de alcanzar acuerdos y puntos de encuentro entre agricultura, ganadería,
gestión y conservación del monte, con cauces de diálogo permanente entre
agricultores y gestores del monte, donde las multas y penalizaciones sean el
último recurso.
Por otra parte, las medidas conservacionistas no deben ser
un marco teórico disciplinario que parta de un despacho, aunque éste tenga la
mejor intención. La conservación de la naturaleza debe estar sustentada en un
compromiso colectivo en el que los más próximos, los agricultores, deben estar
convencidos de que lo que hacemos es lo mejor para la naturaleza y, por
supuesto, también para sus intereses. Haremos un mal servicio al medio ambiente
si éste se apoya en el talonario de sanciones de manera permanente. Nos tememos
que la actual situación de sanciones, con un marco jurídico rígido en la mano,
esté poniendo a la Agencia
de Medio Urbano y Natural en una situación que crispa el ambiente. La vía de
penalización debe ser la última opción, ya que, de otra forma, genera
problemas. Así, el plan de medidas urgentes que se pretende aprobar tiene que
ayudar a acercar posiciones entre los administrados y la Administración ,
buscando el entendimiento y el consenso y recurriendo, sólo en última
instancia, a la sanción.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 9 de Noviembre 2008